Ricardo González - Secretario de Estudios Fiscales - AEFIP - MDN
LA SOCIEDAD RURAL. ¿Qué se puede agregar a su consuetudinaria participación en los gobiernos golpistas, fraudulentos y conservadores en la historia política argentina? Desde “no ahorrar sangre de gauchos” hasta la coronación de José Alfredo Martínez de Hoz (Ministro de Economía desde 1976 a 1981) al frente de la destrucción del aparato productivo y el tejido social. Un aumento descomunal en los precios de la producción animal en 1976 (y la derogación a los impuestos provinciales sobre los ingresos brutos a las carnes) define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz (designando obviamente en la Secretaría de Ganadería a un miembro de la SRA ) en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos." Celedonio Pereda, comienza en 1975 una serie de «disertaciones» en ámbitos castrenses sobre la problemática del sector, que culminaron con una audiencia solicitada al Comandante en Jefe del Ejército -general Jorge Rafael Videla- para explicarle que el debilitamiento del sector agropecuario afectaba a la seguridad nacional. Cualquier semejanza con el pensamiento del mediático Alfredo de Angeli sobre “que el lomo debe costar 80 pesos en el mercado interno”, no es casualidad. La carne es el bien salario en Argentina, como es el arroz en Brasil, en consecuencia, se trata de la defensa del salario real. El discurso/proclama del 2 de abril de 1976 (“el otro dos de abril”) de “Joe” apelando a la finalización del estado asfixiador y socializante, no es muy distinto a contenidos del reciente documento de A.E.A. (Asociación Empresaria Argentina), entidad del capital concentrado, cuya presidencia corresponde a Techint y la vicepresidencia al Multimedios Artear (Clarín). LA CRA/CARBAP. En diciembre del ‘75 CARBAP amenazó al gobierno con impulsar la “resistencia civil” y la desobediencia fiscal. El 16 de febrero del ‘76 las entidades agrarias adhirieron al lock out impulsado por APEGE. Jorge Aguado integraba el secretariado de esta entidad, cuyo objetivo era, según sus propias palabras, luchar “por la restauración del orden y la seguridad”. El gobierno de facto fue bien recibido por los miembros de CARBAP. Así lo expresaba Jorge Aguado (no se reproduce en el apartado anterior la Solicitada de la Rural , por su extensión y la difusión que se le ha dado el año anterior), su presidente, en un artículo publicado en abril del ’76 por la revista Extra (dirigida por Neustadt): “Las fuerzas armadas argentinas han asumido su responsabilidad de tomar el poder para impedir la continuación de un gobierno que, por obra de su incapacidad e inmoralidad, venía sumiendo el país en una profunda crisis social, económica y política” Demandaba a su vez el inicio de “un verdadero proceso revolucionario [...] que recupere la vigencia de los grandes principios nacionales”. Señalaba entonces la necesidad de “prepararse [...] para aceptar los cambios concretos que la evolución del país en revolución requiere”. Ese mismo mes, la revista Confirmado publicaba otro artículo de Aguado, en el que se señalaba que el gobierno militar había “respondido rápidamente” a “viejas y unánimes demandas de los productores agropecuarios”, como la eliminación del “monopolio de comercialización” estatal. Por esa razón manifestaba su “optimismo” frente al nuevo gobierno, y llamaba a los productores, nuevamente, a prestarle su colaboración. ¡Qué parecido a las declaraciones de hoy! El apoyo de CARBAP a la dictadura no se limitó sólo a estas declaraciones, se materializó en la promoción de sus cuadros a funciones de gobierno. Jorge Girado, ex vicepresidente segundo de la entidad, fue nombrado Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires en 1976. Ya bajo el gobierno del General Viola, Jorge Aguado se desempeñó como Ministro de Agricultura de la Nación , y con Galtieri fue nombrado Gobernador de Buenos Aires. Más tarde, se desempeñó como vicepresidente y vocero del grupo Socma de la familia Macri y fue uno de los ideólogos del PRO. Pedro Apaolaza, actual titular de Carbap, justificó la presencia del fallecido represor Luis María Mendía en el consejo directivo de su entidad y publicó un aviso fúnebre en su memoria. El vicealmirante Mendía fue responsable del Plan de Contrainsurgencia Terrorista de la Armada Argentina y fue uno de los ideólogos del lanzamiento de prisioneros vivos al mar. Apaolaza fue secretario general del Mercado Central entre el 7 de noviembre de 1995 y el 22 de mayo de 1997, durante la intervención de Ricardo Ré -otro ex presidente de Carbap, tiene una causa por los presuntos delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, por los que se prevén penas de entre dos y diez años de prisión. FEDERACIÓN AGRARIA: “LOS CHACAREROS DE VIDELA”. Apoyó la usurpación de entrada. Bajo el titular “Se abren nuevas expectativas”, el 1º de abril de 1976 en su periódico La tierra, señaló: “Se cerró otra etapa en la accidentada marcha de a vida institucional argentina. El largo y penoso proceso de debilitamiento de nuestras instituciones republicanas, jaqueadas en sus principios básicos de sustentación por sus propios protagonistas que no acertaban a encontrar un camino viable para reemplazarlo, tuvo su epílogo en la madrugada del 24 de marzo pasado, cuando un pronunciamiento militar determinó la caducidad de todas las autoridades constitucionales y su reemplazo -en el Gobierno Central- por un triunvirato integrado por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. El cambio -que operó en todos los órdenes- se produjo en forma casi matemática, sin que hubiera dificultades, por lo que la actividad del país prácticamente no se vio alterada en su ritmo habitual.” Sucesivas afirmaciones en sus Memorias y Balances reafirman esa postura. En su editorial del período 1975/1976, hicieron suyas las palabras del Arzobispo de Santa Fe, Monseñor Vicente Zaspe, quien exhortó a las Fuerzas Armadas unidas, las familias, la juventud, los jueces, los docentes, los medios de comunicación, los políticos, los sindicatos, los empresarios y la Iglesia a trabajar conjuntamente para “reorganizar la Nación ”. La editorial del período 1978/1979, balancea la experiencia mediante las siguientes palabras: “Vemos afianzarse y consolidarse la paz interior y la conciencia soberana de la población. La paz alcanzada en este aspecto interno permite visualizar la formación de una conciencia de unidad frente a quienes quisieron imponer la violencia como método.” La FAA no ostentó una política “independiente”, ni “progresista”, sino que apoyó al “proceso”. Este apoyo se extendió de lo político a lo económico, en tanto fueron saludadas la aplicación de diversas medidas económicas y el nombramiento de ciertos funcionarios clave para el sector agropecuario, como Mario Carlos Madariaga (ex vicepresidente de CRA), Jorge Zorreguieta (ex director de la SRA ), Alberto Ramón Mihura (dirigente de las sociedades rurales del litoral), Juan Aleman (asesor económico de la SRA ) y Jorge José Girado (ex vicepresidente segundo de CARBAP). Tampoco podría argumentarse que, al menos, se opusieron a la política económica del Proceso. Los dirigentes de la FAA expresaron su acuerdo con el ministro de economía, Martínez de Hoz y a su vez caracterizaron como “medidas importantes” la privatización del comercio de cereales y oleaginosas, la eliminación de la cuota de faena en materia de carnes, la fijación de nuevos valores para el trigo, maíz, sorgo y girasol, y la implementación de “importantes” medidas tributarias. En 1982, en plena decadencia de la dictadura, la Federación Agraria realizó su primera crítica abierta al gobierno militar. Seis años luego del golpe militar, en su editorial declararon: “La designación de Bignone y la llegada de otro equipo de gobierno muestran que el Proceso de reorganización nacional está terminado y que a partir de este momento todos los afanes de sus prosélitos están encaminados a hallar una salida política más o menos decorosa. Se vive la crisis más grande de la historia argentina.“ ¿Con qué autoridad moral pueden criticar como lo hacen? La imagen de una Federación Agraria combativa, se erigió como un mito. Es el escudo para que autodenominados dirigentes progresistas le sigan haciendo el juego a los poderosos (los hemos visto en la votación de las retenciones móviles). Han cambiado “El Grito de Alcorta” por “los compañeros de la Avenida Figueroa Alcorta”. LA MESA DE ENLACE. La denominación cambia pero su constitución no. Al asumir el Gobierno Peronista de 1973 hubieron nuevas y ampliadas funciones de las Juntas de Carnes y Granos (leyes 20535/73 y 20560/73). Se pensaba que los oligopolios comerciales privados que operaban en el país reducían el precio pagado a los productores y además no elevaban al máximo el precio de exportación obtenido por el país; por añadidura, las firmas exportadoras, mediante políticas internas de fijación de precios, podían colocar sus ganancias dentro o fuera del país, según las circunstancias. La respuesta del agro no se hizo esperar. Tanto la Federación Agraria Argentina como la Sociedad Rural Argentina intentan extorsionar al Gobierno sosteniendo que si no se aumentan el precio sostén del trigo, no habrá «estímulo» para llegar a las 12 millones de toneladas de este cereal, ni las 15 millones de toneladas de maíz ni las 5 de sorgo que el Gobierno requiere. Por otra parte, los ganaderos que han producido un proceso de recuperación importante desde 1970 donde realizaron importantes ganancias, se suman a las críticas a la política oficial. Por su parte, el Gobierno sostiene que habrá que distribuir el costo de la política económica de manera equitativa entre todos los sectores, sabiendo que el campo está en situación de soportar un sobreprecio debido a los beneficios que cosechó en los últimos años. Los empresarios que sostuvieron a la industria nacional, sufrieron los embates de la crisis económica por lo que se plantea como razonable que los que más ganaron, más aporten a la reconstrucción nacional. El ministro José Ber Gelbard, al abordar la cuestión con los ganaderos es tajante, está dispuesto a rever la cuestión de los costos tras realizar un censo fotográfico aéreo para fijar la cantidad de cabezas de ganado existentes. Como es tradicional, en las declaraciones de bienes como de ganancias, jamás reflejan los ganaderos la cantidad de cabezas de ganado real que poseen o comercializan por lo cual retiraron sus peticiones ante el Gobierno. Desde 1973 CARBAP venía impulsando la conformación de un frente único agrario contra la política del gobierno. Uno de sus hitos fue la asamblea del 5 de octubre de 1974 en la ciudad de Chacabuco. En ella participaron, además de CARBAP, la SRA y la Confederación de Asociaciones Rurales del Litoral. Según relata Jorge Aguado, entonces presidente de CARBAP, allí comenzaron las gestiones que dieron lugar a la conformación del Comité de Acción Agropecuaria en 1975. La alianza agraria dio un paso más en su ofensiva al conformar el Comité de Acción Agropecuaria en febrero del ’75, integrado por CRA, SRA y Coninagro. La FAA “jugaba de atrás”, al contrario de ahora que es la mano de obra del lock out. Como ya vimos, el 16 de febrero del ‘76 las entidades agrarias adhirieron al lock out impulsado por APEGE. El siguiente paro agrario estaba previsto para el 27 de marzo, pero no llegó a realizarse. El 24 de marzo de 1976 un golpe encabezado por el General Videla terminó con el gobierno constitucional. Cero paro y cortes de ruta cuando desaparecieron miles y miles de pequeños productores y establecimientos durante el menemato. Diez locks outs desde el 25 de mayo de 2003. El salario bruto promedio de los trabajadores registrados asciende a $ 3.427 (datos del primer trimestre del 2009). El de los trabajadores rurales es de $ 1.898, el 55% del promedio general.
No hay comentarios:
Publicar un comentario